El delito de terrorismo fue retirado de los cargos del reportero de la sección policiaca, Rafael “N”, sin embargo, la Fiscalía General del estado de Veracruz (FGE) continuará con las investigaciones por los delitos de encubrimiento por favorecimiento y delitos contra las instituciones de seguridad pública, cargos que seguirán su curso legal mientras el comunicador enfrenta el proceso desde su domicilio.

Retiran cargo de terrorismo al periodista Rafael “N”
Tras la audiencia, celebrada en la Unidad Integral de Justicia, en Coatzacoalcos, se resolvió retirarle el delito de terrorismo, al no existir elementos para su procedencia, por lo que dicho señalamiento quedó eliminado del proceso.

En conferencia de prensa desde Xalapa, la titular de la Fiscalía General del Estado, Lisbeth Aurelia Jiménez Aguirre confirmó que al reportero detenido en el municipio de Coatzacoalcos será investigado por dos de los tres delitos por los que fue imputado de manera inicial, omitiendo el de terrorismo, previsto en el artículo 311 del Código Penal para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

En el encuentro con los medios de comunicación en los que leyó un comunicado en el que no dio detalles sobre por qué fue retirado , la fiscal informó que Rafael “N” continuará en prisión domiciliaria por un año. “Únicamente y exclusivamente por los delitos de encubrimiento por favorecimiento y en contra de las instituciones de seguridad pública, por los cuales se continuará el proceso en contra del ahora imputado, a quien se le impuso como medida cautelar el resguardo domiciliario por el lapso de un año, todo ello en los plazos y momentos procesales previstos por la ley”, dijo.

Fiscalía de Veracruz mantiene dos delitos y prisión domiciliaria en contra de Rafael “N”
Por su parte, Julio de Jesús Sibaja de la Cruz, abogado defensor confirmó que tras ser vinculado por los delitos de encubrimiento por favorecimiento y delitos contra las instituciones de seguridad pública y no por el de terrorismo, lo que sigue es buscar un amparo. Indicó que por la eliminación de este último delito, el juez determinó retirar la prisión preventiva oficiosa y se pasó a prisión preventiva justificada. Sobre si el comunicador seguirá o no con la labor periodística, el abogado confirmó que eso se verá de manera posterior.

Al término de la audiencia, Gardiel Josué León Oropeza, hijo del periodista, habló para Diario de Xalapa y manifestó su sentir ante la resolución judicial. “Estoy contento porque voy a estar con papá, tiene casi 20 años realizando la actividad del periodismo”, indicó.

Explicó que el señalamiento por terrorismo fue retirado formalmente, aunque las indagatorias continúan por otros delitos:

Lo que es el acto de terrorismo se lo están quitando a papá, pero lo que es por encubrimiento y todo lo demás, la Fiscalía continúa realizando las investigaciones. En arresto domiciliario a papá lo dejaron ir; le están quitando lo que es terrorismo, pero la investigación va a continuar

Detalló que la audiencia inició alrededor de las siete de la mañana y concluyó aproximadamente a las 14:10 horas. “A final de cuentas estoy feliz porque papá está fuera, pero se tiene que hacer justicia realmente por todo lo que se está inventando desde la fiscalía”, expresó.

Durante el desarrollo de la audiencia estuvieron presentes representantes de la Comisión Estatal para la Atención y Protección de los Periodistas, así como abogados, amigos, compañeros del gremio periodístico y testigos. “Hasta el momento no he tenido algún cruce de palabras con mi señor padre, y a papá apenas lo van a llevar”, comentó.

Asimismo, hizo un llamado a las autoridades para que el proceso se conduzca conforme a derecho.

Solo pido que se haga justicia, sé que seguirán las investigaciones, pero pido justicia y que dejen de estar inventando cosas y pongan gente que realmente sirva para hacer su trabajo.
Informó que su padre permanecerá en su domicilio ubicado en el municipio de Coatzacoalcos, al sur del estado de Veracruz, y señaló que se mantienen atentos ante cualquier movimiento, ya que desconocen el momento exacto en que será trasladado a su vivienda.

El reportero veracruzano Rafael “N” fue detenido el 24 de diciembre, en Nochebuena, por agentes de la Policía Ministerial, con el apoyo de efectivos del Ejército, en Coatzacoalcos, en donde ejercía el periodismo de fuentes policiacas. Tras su captura, con base en el expediente COA 718/2025, la FGE informó que el periodista enfrentaba cargos aparentemente relacionados con terrorismo, encubrimiento por favorecimiento y contra las instituciones de seguridad pública.

Posteriormente, el 25 de diciembre, Navidad, la FGE dio a conocer que un juez de control del distrito judicial de Coatzacoalcos imputó al comunicador bajo el principio de legalidad “por hechos que la ley señala como constitutivos de los delitos de encubrimiento por favorecimiento, delitos contra las instituciones de seguridad pública y el previsto en el artículo 311 del Código Penal para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave”.

Este artículo establece que “a quien utilizando explosivos, substancias tóxicas, armas de fuego o por incendio, inundación o por cualquier otro medio realice actos en contra de las personas, las cosas o servicios al público, que produzcan alarma, temor, terror en la población o en un grupo o sector de ella, para perturbar la paz pública o tratar de menoscabar la autoridad del Estado o presionar a ésta para que tome una determinación” se le impondrán de tres a 30 años de prisión, multa hasta de 750 días de salario y suspensión de derechos políticos hasta por cinco años

Tras su salida de la sala de juicios orales, el repoetrro aseguró estar “un poco mal pero a la vez alegre” por la determinación del juez.

La continuación de la audiencia inicial se desarrolló este martes y en un principio el comunicador fue acusado del delito de terrorismo además de encubrimiento por favorecimiento, delitos contra las instituciones de seguridad pública, según la Fiscalía General del Estado (FGE). Estos dos últimos delitos permanecen bajo investigación. 

El caso del comunicador veracruzano llegó a instancias internacionales y la asociación Artículo 19, dedicada a defender y promover la libertad de expresión y el acceso a la información, sostuvo que el juez José Guadalupe Nucamendi Albores rechazó anular las pruebas que hay en contra de Rafael “N”, a pesar de contar con irregularidades.

Exigimos condiciones mínimas de independencia e imparcialidad y la garantía de sus derechos ante una imputación que pretende criminalizar su ejercicio periodístico... la imputación a Rafael “N” por terrorismo es un peligroso precedente contra la libertad de expresión.
El pasado lunes la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo fue cuestionada sobre la detención del comunicador al que se le acusó por la presunta comisión de los delitos de terrorismo. En su conferencia mañanera dijo que la FGE de Veracruz debería explicar el caso, “porque no ha habido una acusación por terrorismo en México”. 

La detención de Rafael “N” ha causado también la intervención de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión (RELE) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que exigió desarrollar un proceso totalmente apegado a derecho.

En el estado, asociaciones de periodistas también se han pronunciado en contra de la captura del comunicador y el activista Gaspar Ángel Kú presentó ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) una queja ante la posible violación de los derechos humanos del comunicador.

Periodistas se movilizan en Unidad Integral de Justicia para exigir la liberación del periodista Rafael “N” en Coatzacoalcos
Previo a la audiencia, un grupo de periodistas del municipio de Coatzacoalcos, del estado de Veracruz se presentaron en la Unidad Integral de Justicia de esta ciudad para brindarle su respaldo y exigir su inmediata liberación.

Desde temprana hora, comunicadores porteños se concentraron de manera pacífica a las afueras del complejo judicial, donde manifestaron su rechazo a la criminalización del ejercicio periodístico y demandaron que las autoridades actúen de manera responsable y con estricto apego a la legalidad.