Ante las recientes denuncias realizadas por habitantes de la Sierra Negra de Ajalpan relacionadas con la tala clandestina, pobladores del municipio de Vicente Guerrero se suman a la lista de localidades donde este delito se lleva a cabo sin que las autoridades logren detenerlo.

En esta ocasión, habitantes de la comunidad de Ciénega Grande, en Vicente Guerrero, denunciaron públicamente la operación de varios aserraderos clandestinos que, aseguran, no cuentan con los permisos necesarios para talar árboles de la zona.

A través de imágenes enviadas a esta redacción, los denunciantes exhibieron la gran cantidad de árboles derribados que posteriormente son trasladados a un predio de la misma comunidad, donde los troncos son cortados y preparados para su venta a madererías.

Señalaron que en los últimos meses la afectación se ha vuelto más evidente debido a la tala constante de pinos, sin que autoridades ejidales ni municipales intervengan para frenarla, pues los camiones cargados de madera transitan sin contratiempos por carreteras estatales.

Indicaron que, si bien es sabido que muchas familias del municipio de Vicente Guerrero se dedican legalmente a la venta de madera y cuentan con los permisos correspondientes, otras se aprovechan de presuntas amistades dentro del gobierno para realizar esta actividad de manera ilegal.

“Cada día entran ocho camiones cargados con trozos; cada unidad transporta entre 25 y 30 piezas, y por semana son de seis a 10 vehículos los que salen con la madera ya procesada, la cual es llevada a San Felipe Maderas”, denunciaron los habitantes.

Agregaron que en el municipio son escasas las acciones de reforestación, lo que ha provocado que los cerros se observen cada vez más desprovistos de vegetación debido a la tala descontrolada. Por ello, consideraron necesaria una investigación por parte de las autoridades estatales y federales.

Finalmente, señalaron que en Ciénega Grande operan al menos 15 aserraderos, situación que también ha generado afectaciones en el suministro de energía eléctrica por constantes bajones de luz. Ante ello, urgieron la intervención de la Comisión Nacional Forestal (CONAFOR), la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) y la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT).