Autoridades y representantes comunitarios de San Gabriel Chilac comenzaron a analizar las posibles implicaciones que tendrá para el municipio la aprobación del dictamen de la nueva Ley General de Aguas y las reformas a la Ley de Aguas Nacionales, avaladas recientemente en la Comisión de Recursos Hidráulicos de la Cámara de Diputados.

En Chilac, el acceso y administración del agua —tanto para consumo doméstico como para uso agrícola— se rige por usos y costumbres. Son los propios habitantes quienes, a través de sociedades locales y un Comité Central, gestionan el recurso hídrico sin intervención directa del gobierno municipal. Por ello, cualquier modificación legal que recentralice la rectoría del agua genera preocupación e interés entre la comunidad.

Las reformas aprobadas plantean recuperar el control del Estado sobre el agua, evitar su especulación y acaparamiento, reconocerla como un derecho humano y no como mercancía, y prohibir la transferencia de títulos de concesión, los cuales quedarían únicamente en manos de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA).

Ante este panorama, José Isidoro Romero Rosales, representante del Comité Central de Agua de San Gabriel Chilac —organismo responsable de la distribución y administración del recurso en coordinación con 52 ramales— informó que ya iniciaron reuniones internas para comprender el alcance de los cambios.

Explicó que en los últimos días se han convocado a integrantes de los distintos ramales para analizar colectivamente qué implicaría este nuevo marco normativo en un sistema comunitario que ha operado durante décadas bajo autogestión.

El Comité Central trabaja también en conjunto con el Comité del Manantial “La Taza”, fuente que abastece de agua potable y de riego a Chilac, Altepexi y parte de Ajalpan. Como parte del proceso, han propuesto contratar a un especialista en materia hídrica que pueda brindarles una explicación técnica y jurídica sobre los posibles efectos de la nueva legislación.

Por ahora, señaló Romero Rosales, existe únicamente una postura de observación y análisis, a la espera de que el dictamen sea validado en su totalidad. Una vez que la comunidad esté plenamente informada, emitirán una postura oficial respecto a los cambios propuestos.