Aunque la paridad de género es hoy un principio constitucional, su aplicación en la política poblana no ha logrado materializarse fuera del discurso. En el Proceso Electoral Estatal Ordinario Concurrente (PEEOC) 2023-2024, múltiples candidatas enfrentaron discriminación, violencia política en razón de género y asimetrías que entorpecieron su participación o las llevaron a renunciar. Quienes continuaron, y hoy ostentan un cargo de elección popular, no observan una realidad distinta: trabajan en condiciones limitadas, con recursos bloqueados, decisiones condicionadas y contextos comunitarios que aún desconfían de su capacidad en el poder por el hecho de ser mujeres.

Este panorama fue documentado en el diagnóstico “Relatoría: derechos político-electorales y participación política de las mujeres poblanas”, publicado el pasado 31 octubre por el Instituto Electoral del Estado (IEE). El informe reúne testimonios de más de 50 mujeres -excandidatas, presidentas municipales, síndicas y regidoras- que expusieron las limitaciones estructurales a las que se enfrentaron en la contienda y que, para algunas, siguen siendo un reto al ejercer sus cargos.

¿Por qué las alcaldías de Puebla son señaladas como más violentas en materia política?
Los hallazgos evidenciaron que las presidencias municipales son la figura en la que más se ejerce violencia política contra las mujeres, principalmente condicionando o impidiendo la toma de decisiones. Las prácticas más frecuentes son:

Bloqueo de recursos y apoyos necesarios para ejercer sus funciones

No se les da respuesta a sus peticiones

No son tomadas en cuenta dentro del territorio que dirigen

O se les impide ejercer sus funciones dentro del Cabildo.

En este mismo sentido, el diagnóstico subraya la baja presencia de mujeres al frente de los municipios: solo 47 de los 217 ayuntamientos en Puebla -21.65% del total- son gobernados por mujeres. 

La cultura patriarcal es una condición limitante para que las mujeres gobiernen un mayor número de municipios en Puebla, explica el estudio, ya que diversas comunidades están arraigadas a creencias machistas que deslegitiman el trabajo de autoridades mujeres. Algunos testimonios de funcionarias municipales plasmadas en tal documento, son:   

“Piensan que las decisiones importantes deben ser tomadas por un hombre”

“algunas regidurías creen que deben ser lideradas solo por los compañeros”.

Funcionarias se enfrentan a doble o triple jornada de trabajo  
A lo anterior, se suman las asimetrías de género que viven las autoridades mujeres. Sus testimonios coinciden en que, mientras a sus compañeros hombres no se les cuestiona cuando delegan tareas domésticas o de cuidado para tener más tiempo libre, ellas deben asumir una doble o triple jornada: las labores de su cargo, el cuidado del hogar y otras responsabilidades familiares. Este desequilibrio, afirman, impacta de manera directa en su desempeño y en su carga mental. 

Además, aunque algunas tienen noción de lo que implica el principio de paridad de género, muchas aún desconocen del mismo, lo que dificulta el proceso de denuncia cuando este no se cumple o cuando son víctimas de violencia política en razón de género. 

“Muchas de las mujeres evitaron llevar un proceso de denuncia y expresaron que es una situación ante la cual sienten miedo y vergüenza debido a diversas situaciones que pueden encontrarse: desconocimiento sobre los trámites, desconfianza en quienes imparten justicia, inseguridad por las represalias que pueden tomar las personas denunciadas e inhabilitación en sus proyectos políticos”, revela el estudio. 

Desigualdad las borró de la contienda 
El informe también analiza los motivos por los que diversas mujeres renunciaron a sus candidaturas en Puebla durante el mismo proceso electoral. A través de entrevistas, el estudio exhibe los aspectos que, en la práctica, obstaculizan la participación política de las mujeres y el libre ejercicio de sus derechos político-electorales. 

Más de una relató experiencias de trato desigual por el hecho de ser mujer, revela el diagnóstico. En tanto, los principales motivos por los que renunciaron a sus aspiraciones políticas son:

Experiencias violentas (algunas ejercidas por personas de su propio partido político)

Discriminación

Actos de corrupción

Compra de votos a las personas que complicaron sus postulaciones. 

Por supuesto, las asimetrías de género también influyeron en su renuncia. Ellas afirmaron continuar relegadas al espacio privado y doméstico, lo que les impidió asumir el reto de equilibrar las demandas de la campaña con su vida personal y familiar, ya que seguían con la responsabilidad de los cuidados del hogar, de los hijos e hijas y familiares.

El estudio del IEE plantea que, pese a que existe un marco legal que defiende la participación política de las mujeres en el país, hay una cultura machista y obstáculos estructurales que frenan sus derechos.