El gobierno federal, a través de la Consejería Jurídica a cargo de Ernestina Godoy Ramos, tramitó una controversia constitucional en contra de la Ley de Transparencia del estado de Puebla, que permite a la administración local clasificar información pública “por razones de interés público o seguridad nacional”.

El recurso fue admitido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y reclama a los Poderes Ejecutivo y Legislativo de Puebla la posible invasión de atribuciones de la Federación, de acuerdo con el acuerdo del 25 de septiembre de este año.

La Consejería Jurídica del gobierno de Claudia Sheinbaum impugnó el último párrafo del artículo 4, así como el artículo 8 fracción V de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del estado. Asimismo, controvierte el artículo 5 fracción II de la Ley de Protección de Datos Personales.

El párrafo mencionado dice a la letra que “La información podrá ser clasificada como reservada temporalmente por razones de interés público o seguridad nacional conforme a los términos establecidos en la ley”.

Las fracciones impugnadas refieren a los órganos garantes de la transparencia que son: “El órgano administrativo desconcentrado, el órgano encargado de la contraloría interna u homólogo del Poder Judicial, los órganos internos o equivalentes de los órganos constitucional o legalmente autónomo, el Instituto Electoral por cuanto hace a los partidos políticos y el Tribunal de Arbitraje por cuanto hace a los sindicatos”.

La controversia constitucional quedó asentada con el número de expediente 217/2025 bajo la instrucción de la ministra María Estela Ríos González. El máximo tribunal otorgó 30 días al Congreso local y el Poder Ejecutivo para responder con los antecedentes legislativos de ambas leyes.

Ambos poderes locales deberán enviar copias certificadas de los antecedentes que dieron origen al decreto impugnado, desde iniciativas dictámenes, actas de sesiones, diarios de debates, entre otros.

La Ley de Transparencia y la Ley de Protección de Datos Personales fueron publicadas el 31 de julio de 2025 en el Periódico Oficial del Estado (POE) por el titular del Poder Ejecutivo, Alejandro Armenta Mier, tras su aprobación por el Congreso local.