Tehuacán, México – El Ayuntamiento de Tehuacán, encabezado por Alejandro Barroso Chávez, enfrenta un proceso legal derivado de una demanda laboral interpuesta en 2017 por la exfuncionaria Rosa María Hernández Montero, quien exige su reinstalación y el pago de prestaciones por un monto aproximado de 1.3 millones de pesos.

Este lunes, se llevó a cabo una diligencia en el Ayuntamiento bajo la orden del Tribunal de Arbitraje del Estado de Puebla, que instruyó la reincorporación de la ex trabajadora. Rosa María acudió en camilla y en ambulancia, a solicitud del Tribunal y no de la administración municipal.  

El abogado laboral del Ayuntamiento, Jesús Oliver González, destacó que la actual administración no es responsable directa del conflicto, pero debe asumir las consecuencias de una defensa deficiente en años previos. Asimismo, subrayó que el municipio enfrenta más de 200 demandas laborales pendientes, lo que representa una carga financiera significativa.

El abogado también cuestionó las intenciones del representante legal de la parte demandante, insinuando que el caso podría estar motivado por intereses mediáticos más que jurídicos. Aun así, reiteró la disposición del Ayuntamiento a entablar diálogo y resolver el caso conforme a la ley.

Rosa María, quien trabajó en distintas áreas municipales desde 1998 hasta su despido en 2017, acudió a la diligencia pese a estar en una situación de salud crítica, ya que enfrenta una enfermedad terminal. Lamentó la prolongación del proceso, señalando que el Ayuntamiento no ha cumplido con lo dictaminado por el Tribunal.

El presidente municipal, Alejandro Barroso, reconoció la gravedad del caso, pero enfatizó que la citación no provino de su administración sino del Tribunal. Asimismo, expresó su intención de alcanzar un acuerdo para dar cumplimiento a la resolución judicial. 

El conflicto continúa, mientras las autoridades buscan una solución dentro del marco legal.